​El Instituto Nacional Electoral enfrenta retos presupuestales, organizacionales y de fiscalización

• Es la primera vez que habrá elecciones federales y elecciones locales en las 32 entidades federativas de forma simultánea, lo que profundiza el reto de coordinación entre el INE y los Órganos Públicos Electorales Locales (OPL).
• De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2023 únicamente tres de 27 auditorías internas se destinaron a fiscalizar a las Juntas Locales y Distritales, las cuales concentran un gasto de 13 mil 888 millones de pesos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) desempeña funciones esenciales para la democracia: organiza elecciones federales y locales, regula el financiamiento de partidos políticos, supervisa a los Órganos Públicos Electorales Locales (OPL) -que tienen autonomía y condiciones particulares- y ordena el servicio profesional electoral, entre otras. En el contexto electoral de 2024, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analiza las fortalezas, debilidades y riesgos del INE con el objetivo de impulsar su fortalecimiento institucional. En particular, el INE tiene tres desafíos:

1. Desafío presupuestal

El INE transfiere 31% de su presupuesto a los partidos políticos y tiene a su cargo la fiscalización de estos recursos. En cumplimiento de las disposiciones constitucionales, para el proceso electoral de 2024, el INE transfirió 10 mil 179 millones de pesos a los partidos políticos, el monto más alto en la historia. Por otro lado, los recursos destinados a la gestión administrativa del Instituto y a la organización electoral han ido a la baja, tanto en  relación con el padrón como en términos absolutos. La organización electoral, por ejemplo, recibió 2 mil 873 millones de pesos en 2024, 1021% menos -en términos reales- que en 2018.

2. Desafío organizacional

El INE y los OPL deben coordinarse para la organización de elecciones a nivel local. Esto implica que, aunque cuentan con autonomía, deben asegurar la homologación de estándares para los procesos, normas y tiempos electorales con el INE. En este contexto se generan desafíos porque cada OPL cuenta con capacidades diferentes, incluyendo las presupuestales. Cuando las limitaciones de presupuesto impiden el cumplimiento de funciones por parte de los OPL, el INE debe asumir temporalmente funciones adicionales que les corresponden a los organismos locales.

3. Desafío de fiscalización

La fiscalización de gasto es un desafío para el INE por la naturaleza de su estructura orgánica que se extiende horizontalmente entre múltiples direcciones, unidades y juntas. En 2023, el INE destinó 61% del gasto operativo total a las Juntas Locales y Distritales. Sin embargo, este gasto recibió únicamente 11% de las auditorías internas en 2023. Este fenómeno coincide con que el Plan Estratégico 2021-2025 del Órgano Interno de Control no menciona la auditoría de Juntas.

En el contexto de las elecciones más grandes en la historia de México, con el objetivo de aportar evidencia que permita contar con un instituto electoral fortalecido y autónomo, el IMCO Propone:

1. Crear un fondo para procesos electorales en el que el INE pueda acumular recursos con el objetivo de organizar elecciones extraordinarias cuando atraiga las sea necesario cubrir la atracción de funciones de los OPL, así como y para los procesos electorales federales ordinarios en casos de recorte presupuestal en año electoral.
2. Unificar las bases de datos de nómina y recursos humanos de las diferentes áreas del INE en la Dirección de Administración para facilitar el monitoreo  del cumplimiento del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos.
3. Garantizar que el gasto ejercido por las Juntas Locales y Distritales sea empleado siguiendo los principios de economía y eficiencia.
4. Mejorar la calidad de los datos abiertos que publica el Instituto para que la sociedad civil y la ciudadanía pueda utilizarlos en la creación de herramientas de fiscalización y análisis que fortalezcan la confianza ciudadana en el INE. 
5. Realizar un diagnóstico detallado del Servicio Profesional Electoral para evaluar la pertinencia de las evaluaciones y los esquemas de promoción vigentes.