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En noviembre registramos tres eventos de desplazamiento interno por violencia en México, en los estados de Guerrero, Sonora y Chiapas.
Un número aún indeterminado de personas se vieron obligadas a huir del municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, en la primera semana de noviembre. Las personas desplazadas son familiares de los 13 policías municipales asesinados el 23 de octubre, y habían recibido amenazas del grupo del crimen organizado “Los Granados” para que salieran de su territorio. De acuerdo con testimonios de personas desplazadas de la localidad de El Papagayo, su primer destino tras el desplazamiento fue el municipio de Acapulco, pero tuvieron que volver a desplazarse por las duras condiciones ocasionadas por el huracán Otis, trasladándose al estado de Michoacán. Desde Morelia, han solicitado el apoyo de los gobiernos federal y de Michoacán para reasentarse en algún municipio y restablecer su vida, ya que en Coyuca de Benítez no hay condiciones para su retorno. Lo anterior considerando que, incluso antes de los asesinatos de sus familiares, ya habían sufrido intimidaciones como cobros de piso y amenazas para que transportaran drogas y armas en vehículos particulares de Atoyac a Acapulco.
Al menos 500 personas tuvieron que abandonar Sásabe, comunidad del municipio de Sáric, en Sonora, debido a hechos de violencia ocurridos entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre. Algunas personas se han desplazado a otras partes del estado, mientras que otras se trasladaron a la frontera con Estados Unidos. Se estimó que en la localidad permanecieron unas 100 personas. La región es parte de un corredor de trasiego de droga y de personas hacia Estados Unidos y de armas hacia México.
Pobladores de 13 localidades del municipio de Maravilla Tenejapa, en Chiapas, se desplazaron a las montañas y poblados cercanos a raíz del secuestro del alcalde y uno de sus colaboradores el 24 de noviembre y la violencia desatada desde entonces. El municipio, habitado principalmente por personas indígenas tseltales y tsotsiles, colinda con Guatemala y con la Selva Lacandona. El secuestro de los funcionarios provocó una fuerte movilización de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con saldo de cuatro civiles muertos y un militar. Desde mediados de noviembre se han reportado hechos de violencia en el municipio, como el secuestro de dos jóvenes, el hallazgo de un cuerpo desmembrado al interior de una hielera, la quema de viviendas, entre otras agresiones, por lo que habitantes de Amatitlán, Rodulfo Figueroa, Nueva Sabanilla, San Felipe Jataté, San Mateo, Niños Héroes, Plan Río Azul, Nueva Argentina, Loma Bonita, Guadalupe Miramar, Nueva Linda Vista y Nueva Esperanza, así como de la cabecera municipal, abandonaron sus comunidades. Todavía no se cuenta con información precisa sobre el número de personas desplazadas, ya que las notas documentaron desde el desplazamiento de 20 familias hasta reportes de miles de personas desplazadas.
Actualizaciones
Aunque no fue posible precisar la fecha en la que ocurrieron estos desplazamientos, durante el mes de noviembre se reportaron dos eventos adicionales de desplazamiento por violencia en Guerrero y en el Estado de México.
Al menos 80 familias fueron desplazadas por la escalada de violencia en la sierra de Petatlán, en Guerrero. Se trata de familias de las localidades de La Palma, Potrerillos y Chaveta, quienes tuvieron que abandonar sus hogares y refugiarse en Santa Rosa. De acuerdo con la fuente, las familias esperan condiciones de seguridad para regresar a sus comunidades.
El 28 de noviembre familias indígenas mazahuas del ejido San Antonio la Laguna, municipio de Donato Guerra, Estado de México, se manifestaron en la capital mexiquense y denunciaron haber sido víctimas de desplazamiento interno tras el despojo violento de sus tierras. Las familias señalaron que las autoridades estatales aún no han intervenido en la situación y mostraron imágenes de los incendios y las agresiones que sufrieron al defender sus terrenos ejidales, así como de la destrucción de viviendas durante los ataques perpetrados por un grupo criminal no identificado. Además de buscar la restitución de sus tierras, hacen un llamado a la Fiscalía Estatal para que actúe y solicitan un aumento de la vigilancia para prevenir nuevas agresiones
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